LA JR SE OPONE A BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES

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Como hace cuatro años cuando Massa (FR) e Insaurralde (FPV) proponían
la baja de la edad de la imputabilidad para los jóvenes, nuevamente, otra
vez en un año electoral, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Germán Garavano, insistió con esa propuesta que consideramos
equivocada.
Además de tratarse de oportunismo y demagogia política, creemos que
también es consecuencia de una estigmatización que vienen sufriendo
los jóvenes (sobre todo los más vulnerables) desde hace mucho tiempo.
Se parte de una concepción de los jóvenes como si fueran seres
“desviados” y “peligrosos”; no en la acción misma, sino en la
posibilidad de la acción que podría generar “peligro” para sí mismo,
para su familia y los demás ciudadanos. Esto se da a través del
discurso del “pánico moral”, reproducido sistemáticamente por los
medios de comunicación, cuya función es mostrar a los jóvenes a través
del miedo, ya que estos cumplen en la sociedad el rol del enemigo
interno o chivo expiatorio.

Asimismo, podemos ver que varios países de América Latina han debatido
en los últimos años acerca del límite etario de la imputabilidad
penal. En Brasil, Uruguay, Panamá y Costa Rica han surgido propuestas
para bajar la edad, a partir de la cual los adolescentes empezarían a
ser juzgados como adultos, pero ninguna de ellas prosperó. En el
mundo, a excepción de Argentina, generalmente hay un sistema de
responsabilidad penal juvenil que, tal como establece la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), se extiende hasta los 18 años.
En nuestro país, si bien se ratificó la CDN, nunca se modificó el
sistema penal que rige desde la dictadura, el cual habilita a juzgar a
los menores a partir de los 16 años a través del sistema de adultos.
El tratamiento que reciben los menores de esa edad depende del juez,
porque no hay un procedimiento especial para juzgarlos y habitualmente
se los somete a un procedimiento tutelar o de protección por el cual
se toman diversas medidas, desde pericias, informes sociales o
psicológicos, hasta la privación de libertad. Si dichos «tratamientos»
no dan resultados óptimos, al cumplir 18 años se los juzga como
adultos. Hace algunos años, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó a Argentina en el caso Mendoza, entre otros, por
violar el derecho internacional de los derechos humanos tras aplicar
el derecho penal de adultos a menores de 18 años, y le ordenó
modificar y ajustar su marco legal a las normas internacionales.
¿Por qué le decimos #NoALaBaja de imputabilidad?
• En ningún país de Latinoamérica se encuentra este régimen penal,
sino por el contrario, se subieron los años como en el caso de
Bolivia.
• Esta medida viola los tratados internacionales referidos a los
derechos del niño y de los jóvenes.
• Lejos de la pretensión resocializadora, el encierro temprano implica
una socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de
la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo.
• Según el último Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-20141 del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), varios países
de Latinoamérica han ensayado políticas de seguridad de mano dura
hacia jóvenes y adultos, como el aumento en la severidad de las penas,
la represión y el uso de la fuerza, pero no han sido exitosas en el
combate hacia inseguridad. Por otro lado, cabe señalar que muchas de
ellas han tenido impactos negativos en la seguridad ciudadana de
América Latina, como el aumento de los niveles de violencia letal, el
fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los
sistemas carcelarios, entre otros.
• Entendemos que existe una menor culpabilidad de los adolescentes en
relación a los adultos al momento de cometer un delito, dada por la
etapa de desarrollo en la que se encuentran.
• Las penas cobran un impacto mucho mayor en la vida de los
adolescentes que en la de los adultos y deben ser acordes a la etapa
de desarrollo en la que la persona se encuentra. Todo niño, niña y/o
adolescente que delinque, son blancos fáciles de las mafias adultas
que se aprovechan de la vulnerabilidad social y biológica para no
poner en juego su libertad. Realidades como estas son descriptas por
las familias de los denominados “soldaditos” en el negocio de los
narcos.
• El mundo se dirige a un tener un sistema penal juvenil
especializado, aplicando el Derecho Penal de adultos a partir de los
18 años: En Chile, Brasil, España, aplican la legislación de menores
hasta los 18 años, mientras que Alemania lo hace hasta los 21 y
Austria y Holanda hasta los 23.
¿Qué proponemos?
En los últimos años las penas han aumentado tanto como el delito,
mostrando poca eficiencia en la prevención del crimen. Sin embargo,
hay una real necesidad de mejorar la educación y de brindar
oportunidades reales de integración social y trabajo para los jóvenes,
evitando que ingresen en la carrera delictiva. Estas medidas son a las
que los países del primer mundo han apostado y que los ha llevado a
vivir más seguros y tener mejores condiciones de convivencia.
• Cambiar la mirada del estado sobre los jóvenes: verlos como sujetos
de derecho y actores estratégicos del desarrollo, y no sólo como un
grupo de riesgo.
• Impulsar leyes que mejoren la problemática de manera socioeducativas
y no privativas de libertad, como la ley de emprendedores, la ley de
juventudes y la ley de primer empleo.
• Discutir un modelo educativo para el siglo XXl
• Subir la edad de imputabilidad a los 18 años como lo propone la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
• Rediscutir un nuevo régimen penal juvenil y el tratamiento de menores.
• Impulsar un plan de prevención de las adicciones.
Querer impulsar la baja de imputabilidad es reducir la deuda social a
un slogan vacío sin precedentes positivos en ningún lugar del mundo,
es querer hacer cargo a los jóvenes más vulnerables, de los problemas
estructurales que viene sosteniendo y reproduciendo el estado desde
hace años. Es hora de que la clase política se haga cargo y deje de
buscar chivos expiatorios. Nosotros los jóvenes, iremos en ese camino,
donde seamos protagonistas de nuestros propios cambios.
JUVENTUD RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES